La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una controversia constitucional, debe analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas a la luz de los principios tributarios y de división de poderes.

La controversia constitucional se promovió contra artículos de la Ley de Ingresos y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco, por considerar que vulneraban diversos principios constitucionales. El Poder Ejecutivo del Estado argumentó que las disposiciones impugnadas creaban un sistema tributario especial que facultaba al Congreso del Estado a ejercer atribuciones recaudatorias, lo cual, a su juicio, contravenía la división de poderes y el principio de legalidad tributaria. Se analizaron los elementos del tributo, la competencia de las autoridades y el destino del gasto público.