La Procuraduría Federal del Consumidor es competente para sancionar a las instituciones educativas privadas por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuando actúan como proveedoras de servicios educativos y se les imputa una negativa de devolución o incumplimiento en la prestación del servicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para sancionar a instituciones educativas privadas. Se establece que PROFECO sí tiene competencia material cuando las instituciones actúan como proveedoras de un servicio educativo y se les imputa una negativa de devolución o incumplimiento en la prestación del mismo. La Corte aclara que, si bien la educación no es una actividad comercial en sí misma según códigos como el Fiscal o de Comercio, la PROFECO puede intervenir si se infringen derechos de los consumidores en la prestación de dicho servicio.