La persona física o titular que, actuando como autoridad, fue multada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, está legitimada para promover el juicio de amparo, al ser la multa susceptible de violar sus derechos fundamentales y afectando su esfera jurídica personal.

El artículo 239-B, fracciones III y V, del Código Fiscal de la Federación faculta al Tribunal Fiscal de la Federación para imponer multas a los funcionarios responsables de la omisión total en el cumplimiento de una sentencia o de la repetición de una resolución anulada. La multa se impone a la persona física o titular, no a la dependencia, y se cubre con su peculio. Por ello, el funcionario multado está legitimado para promover juicio de amparo, pues la multa afecta directamente su esfera jurídica.