La orden de inspección, equiparable a la de visita domiciliaria, puede infringir continuamente derechos fundamentales del inspeccionado durante su práctica, al invadir su privacidad e intimidad y afectar derechos sustantivos.

El juicio contencioso administrativo federal procede contra la determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que impone medidas cautelares en un procedimiento de declaración administrativa de infracción. Esto se debe a que la orden de inspección, equiparable a una visita domiciliaria, puede vulnerar derechos fundamentales del inspeccionado de manera continua durante su ejecución, afectando su privacidad, intimidad y derechos sustantivos. Por lo tanto, no se trata de un acto que ponga fin al juicio, sino de uno que puede ser impugnado por afectar directamente derechos del gobernado.