Se confirma la interlocutoria recurrida y se niega la suspensión definitiva, toda vez que, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, de conceder la medida cautelar en los términos solicitados implicaría privar de un beneficio a la colectividad contenida en las normas reclamadas, consistente en que el Estado logre una oportuna y debida recaudación, así como sancionar prácticas indebidas que puedan mermarla, derivado de que se trata de evitar que los contribuyentes amparen operaciones simuladas con los comprobantes fiscales digitales que expiden y se pretende verificar la existencia de tales actos jurídicos, siendo que es de interés de la sociedad lograr un debido proceso de recaudación a fin de cumplir con el gasto público. En atención a esa decisión, se declara sin materia la decisión adhesiva.