La individualización de las sanciones administrativas debe basarse en un análisis pormenorizado de todos los elementos previstos en la ley, incluyendo la condición económica del infractor, la cual debe ser determinada con base en pruebas y no en presunciones que admiten prueba en contrario.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de una resolución que impuso multas a un proveedor por no exhibir tarifas ni informar condiciones de servicios. La Sala determinó que, si bien las infracciones se acreditaron, la autoridad demandada no fundó ni motivó adecuadamente la individualización de las sanciones. Específicamente, la autoridad se basó en presunciones para determinar la capacidad económica del infractor, sin valorar las pruebas aportadas por este que desvirtuaban dichas presunciones. Por ello, se ordenó emitir una nueva resolución que considere todos los elementos legales y las pruebas presentadas.