La fracción IV del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (actualmente abrogada) no transgrede los principios de legalidad y tipicidad, al prever con la certeza y concreción exigibles la conducta infractora consistente en proporcionar información falsa, sin necesidad de distinguir el medio en que se contenga o la autoría del documento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (abrogada) es constitucional. La quejosa argumentó que la norma era imprecisa al no definir si la "información falsa" incluía documentos elaborados por la propia licitante, lo que, a su juicio, violaba los principios de legalidad y tipicidad. La Corte sostuvo que la norma es suficientemente clara al sancionar la presentación de cualquier información que no sea veraz, independientemente de su medio o autoría, protegiendo así la transparencia en los procedimientos de contratación pública.