El derecho a la seguridad social y a una vida digna implican el cumplimiento de las obligaciones estatales de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, incluso cuando se trata de servicios brindados por actores privados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza una contradicción de criterios entre tribunales colegiados respecto a la integración del salario base de cotización para el pago de cuotas obrero-patronales. Se enfatiza el compromiso internacional de México de adoptar una política de seguridad social eficiente, garantizando las prestaciones laborales en condiciones de igualdad, accesibilidad y suficiencia, y la responsabilidad de los patrones de no poner en peligro el sistema de seguridad social.
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