El riesgo de daño a la seguridad nacional o a la salud pública no se demuestra por la mera posibilidad de que la difusión de información clasificada genere responsabilidades administrativas a servidores públicos, sino que debe ser concreto, actual y verificable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la clasificación de información como reservada en el contexto de la Estrategia Nacional de Vacunación. Se determinó que el riesgo de daño a la seguridad nacional o a la salud pública no se acredita con la simple posibilidad de responsabilidades administrativas para servidores públicos, sino que debe ser un riesgo demostrable, actual y verificable. La difusión de información sobre contratos de vacunas, lejos de ser perjudicial, puede ser favorable para la transparencia y la eficacia de la estrategia.