La porción normativa que exige no haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena privativa de la libertad por más de un año, como requisito para ser titular de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, es inconstitucional por contravenir el derecho a la igualdad, al ser una medida sobreinclusiva y carecer de justificación objetiva y razonable en relación con el desempeño del cargo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra un requisito de la Ley del Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas. El requisito impedía acceder al cargo de titular de dicha Jefatura a quienes hubieran sido sentenciados por delito doloso con pena privativa de libertad mayor a un año. La Corte determinó que dicho requisito es inconstitucional, pues si bien busca asegurar la probidad en el servicio público, resulta sobreinclusivo y no guarda una relación objetiva y razonable con las funciones del cargo, afectando así el derecho a la igualdad.