La expedición de normas estatales que establecen requisitos para la movilización de ganado y la imposición de cobros por servicios relacionados, como guías de tránsito o autorizaciones, puede contravenir las facultades exclusivas de la Federación en materia de comercio y sanidad animal, si dichos requisitos o cobros constituyen un gravamen al tránsito de mercancías o invaden competencias federales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra Veracruz, impugnando un decreto que reformaba la Ley Ganadera estatal. El actor argumentó que el decreto invadía competencias federales al gravar el tránsito de mercancías y regular aspectos de sanidad animal que son facultad exclusiva de la Federación. La Corte analizó si las disposiciones estatales, como la exigencia de guías de tránsito y el cobro de servicios asociados, constituían gravámenes o barreras al comercio interestatal, y si las facultades otorgadas a autoridades estatales en materia de inspección y sanción invadían la esfera federal. Se consideró que, si bien los estados tienen facultades para regular la ganadería en su territorio, estas no deben contravenir las prohibiciones constitucionales sobre gravámenes al tránsito de mercancías ni invadir las competencias federales exclusivas en sanidad animal y comercio.