La determinación presuntiva de ingresos, para ser legal, debe fundarse en requerimientos de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el tribunal de nulidad debe estudiar todos los conceptos de anulación que beneficien a la quejosa.

El presente asunto versa sobre la legalidad de una determinación presuntiva de ingresos. Se analiza si el requerimiento de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estuvo debidamente fundado y si el Tribunal de Justicia Administrativa estudió adecuadamente todos los argumentos de defensa presentados por la contribuyente, especialmente aquellos que le otorgan un mayor beneficio. La resolución determina que la falta de estudio de conceptos de anulación que resultan favorables a la quejosa vicia de ilegalidad la determinación presuntiva.