La declaratoria de invalidez de un decreto que impone el pago de una pensión con cargo al presupuesto de otro poder, al vulnerar la autonomía presupuestal, la independencia judicial y la división de poderes, debe limitarse a la porción normativa que dispone de recursos ajenos, sin afectar el derecho de la persona jubilada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto legislativo que le imponía el pago de una pensión por jubilación. La Corte determinó que, si bien el derecho a la pensión es válido, la disposición de que sea cubierta con cargo al presupuesto del Poder Judicial local, sin la transferencia de recursos necesarios, vulnera los principios de autonomía presupuestal, independencia judicial y división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso local hacerse cargo del pago de la pensión con cargo al presupuesto general del Estado.