La autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establecida en su Ley Orgánica, implica que dicha institución debe asumir las cargas financieras correspondientes, como el pago de pensiones, y que su presupuesto debe ser suficiente para cubrir sus obligaciones.

La controversia constitucional se centra en la suficiencia presupuestal de la Fiscalía General del Estado de Morelos para cubrir sus obligaciones, incluyendo el pago de pensiones. La Fiscalía argumenta que, al tener autonomía constitucional y patrimonio propio, debe hacerse cargo de estas cargas. El Poder Legislativo, por su parte, sostiene que el presupuesto aprobado para la Fiscalía en 2023 es suficiente y que la institución debe gestionar sus recursos de manera adecuada para cumplir con sus responsabilidades.