El registro de una persona como socia conductora en una plataforma de transporte es un acto de aplicación que genera interés jurídico para impugnar normas generales que regulan dicho servicio, siempre que dicho registro se haya concluido y la norma reclamada se aplique a esa calidad.

La contradicción de criterios aborda si el registro de un conductor en una plataforma de transporte constituye un acto de aplicación que otorga interés jurídico para impugnar normas generales. Se analiza si la conclusión del proceso de registro, que culmina con una carta de bienvenida, es suficiente para acreditar el interés jurídico, incluso si las normas se reclaman por su aplicación y no solo por su entrada en vigor. El Pleno Regional determinó que dicho registro sí genera interés jurídico para impugnar las normas aplicables a los conductores.