El decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado el 29 de diciembre de 2022, y sus posteriores modificaciones, viola los principios de legalidad, irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima, división de poderes y supremacía constitucional, al contravenir diversas disposiciones legales y normativas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de un decreto que permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. La demanda de amparo argumenta que el decreto viola principios constitucionales como legalidad, irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima, al levantar prohibiciones previas para la importación de vehículos que incumplen la legislación nacional. Además, se sostiene que el decreto contraviene la división de poderes y la jerarquía normativa, al establecer beneficios fiscales prohibidos y obstaculizar el cumplimiento de leyes de mayor jerarquía.
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