La ejecutoria de alzada confirmó la resolución de primer grado, que calificó infundada la oposición de la víctima respecto de la solicitud de autorizar la suspensión condicional del proceso. Lo anterior, pues se coincidió con el primigenio, que la omisión de dar el aviso correspondiente a la autoridad hacendaria de la desocupación del domicilio fiscal, contenida en el ilícito penal en análisis carece de un resultado material, que no produce un daño directo que sea susceptible de ser reparado monetariamente; por tanto, el crédito fiscal, en este caso particular, no debe formar parte del plan de reparación de daño para la procedencia de la suspensión condicional del proceso.