La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al no prever criterios técnicos y objetivos para la fijación de remuneraciones, incurre en una omisión legislativa parcial que vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, a raíz de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y la CEDHES. Se determinó que la ley, al no establecer bases y parámetros objetivos para fijar las remuneraciones, genera discrecionalidad y arbitrariedad, contraviniendo los objetivos de la reforma constitucional de 2009. Por ello, se consideró que existe una omisión legislativa parcial por deficiente regulación.
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