Es infundado lo alegado. En principio, porque no existe la incongruencia alegada, toda vez que la autoridad, ahora recurrente, negó la omisión reclamada al rendir su informe justificado. Sin embargo, en la sentencia reclamada, se expusieron las razones por las cuales se concluyó que era cierto, sin que éstas se controviertan. Por otra parte, fue correcta la decisión de otorgar la protección constitucional, ya que al rendir el informe justificado, la ahora recurrente no manifestó contar con algún impedimento legal para el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. En tanto que tampoco se advierte de las constancias que integran el expediente de origen, por lo que al no actualizarse algún impedimento lógico o jurídico para emitir la resolución correspondiente, fue correcta la decisión relativa a otorgar la protección constitucional para que cese la omisión reclamada.