La declaratoria de inconstitucionalidad de una norma tributaria que establece una tarifa diferenciada para el registro de documentos, por violar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, no libera al contribuyente de la obligación de contribuir al gasto público, sino que obliga a aplicar la tarifa mínima prevista para el servicio.

Este asunto resuelve una contradicción de tesis sobre los efectos de la concesión del amparo cuando se declara inconstitucional un artículo de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco que establecía una tarifa mayor para el registro de testimonios provenientes de otras entidades federativas, en comparación con los originados en el propio estado. Los tribunales contendientes discreparon sobre si el amparo debía liberar completamente al quejoso del pago o si debía aplicarse la tarifa mínima. El Pleno determinó que, al tratarse de un vicio subsanable en un elemento variable del tributo y no en sus elementos esenciales, el amparo debe concederse para que se aplique la tarifa mínima, devolviendo la diferencia pagada, en aras de respetar la obligación de contribuir al gasto público y los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.