La concesión de una pensión por jubilación por parte del Poder Legislativo a un ex trabajador del Poder Judicial, ordenando a este último cubrirla con cargo a su presupuesto sin la transferencia de recursos suficientes, vulnera la autonomía presupuestaria y la división de poderes.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra el Poder Legislativo por la emisión de un decreto que concedía una pensión por jubilación a una persona que laboró en el Poder Judicial, ordenando que el pago se realizara con cargo al presupuesto de este último. La Suprema Corte determinó que esta acción del Poder Legislativo vulnera la autonomía presupuestaria y el principio de división de poderes, al interferir en la gestión de recursos del Poder Judicial sin garantizar la suficiencia de los mismos. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la parte que impone la carga económica al Poder Judicial.