La intervención de comunicaciones privadas, en materia fiscal, requiere autorización judicial, la cual no puede ser otorgada por el Juez de Distrito cuando se trate de materias de carácter fiscal.

El presente caso aborda la imposición de una multa a un defensor particular por promover una incidencia de mala fe. Adicionalmente, se analiza el derecho a la privacidad en el contexto de la investigación penal, estableciendo que, si bien el artículo 21 constitucional permite la intervención de comunicaciones privadas previa autorización judicial, esta facultad tiene límites. Específicamente, la autoridad judicial federal no podrá otorgar dichas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter fiscal.