La responsabilidad patrimonial del Estado se actualiza cuando se demuestra el nexo causal entre una actividad administrativa irregular y el daño sufrido por el particular, sin que el caso fortuito o la fuerza mayor, por sí solos, eximan de dicha responsabilidad si no se acredita que rebasaron la capacidad operativa y financiera de la autoridad.

El Tribunal Colegiado determinó que la quejosa sí demostró la actualización de la responsabilidad patrimonial del Estado, al acreditar el nexo causal entre la actividad administrativa irregular de las autoridades y el daño a su derecho a la vivienda y bienes muebles. Se consideró que, si bien el desbordamiento del río se debió a una precipitación pluvial extraordinaria, las autoridades omitieron realizar el mantenimiento adecuado del cauce, lo que provocó el taponamiento y el desbordamiento. La defensa de las autoridades basada en caso fortuito fue desestimada al no probar que dicho evento rebasara su capacidad operativa y financiera.