El otorgamiento de una pensión por jubilación por parte del Poder Legislativo a un ex servidor público, con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin la transferencia de recursos suficientes, vulnera la autonomía presupuestaria y la independencia de este último, constituyendo una forma de subordinación y afectación a su gestión de recursos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial de Morelos contra el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a una persona, ordenando su pago con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin la debida transferencia de fondos. La Corte determinó que este acto legislativo vulnera la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial, al ser una forma de subordinación y una intromisión inconstitucional en su gestión de recursos, lo cual contraviene el principio de división de poderes.