El artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, al prohibir de manera absoluta el dictado de mandamientos de ejecución o providencias de embargo contra entidades de la administración pública, contraviene los derechos de acceso a la justicia en su vertiente de ejecución material de sentencias y el principio de igualdad procesal, al no prever distinciones razonables y proporcionales que permitan la ejecución de resoluciones judiciales contra dichos entes.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prohíbe dictar mandamientos de ejecución o providencias de embargo contra entidades de la administración pública. La Sala determinó que esta prohibición absoluta contraviene los derechos de acceso a la justicia en su vertiente de ejecución material de sentencias y el principio de igualdad procesal. Si bien se reconoce que las entidades públicas pueden tener un trato diferenciado, este no puede ser absoluto y debe permitir la ejecución de resoluciones judiciales, garantizando así la tutela judicial efectiva.