La reparación integral del daño, en el contexto de la responsabilidad civil objetiva, comprende tanto el daño material como el daño moral, sin que este último pueda ser excluido o condicionado a su solicitud expresa por la víctima.

El Tribunal Colegiado de Apelación analiza un recurso de apelación contra una sentencia que condenó a una aseguradora al pago de indemnizaciones por daño material y moral. La aseguradora argumenta que el daño moral no debió ser concedido al no haber sido solicitado expresamente por la actora y que la cuantificación del daño material se basó incorrectamente en el salario mínimo en lugar de la UMA. El Tribunal desestima los argumentos de la aseguradora, sosteniendo que el derecho a la reparación integral del daño, incluyendo el daño moral, es de orden público y debe ser estudiado de oficio por el juzgador en casos de responsabilidad civil objetiva, citando jurisprudencia de la SCJN. Asimismo, confirma la validez de utilizar el salario mínimo como base para la cuantificación de la indemnización por daño material, conforme a la legislación vigente al momento del siniestro.