La definición de "documento de archivo" debe ser amplia y abarcar cualquier registro de hechos, actos administrativos, jurídicos, fiscales o contables, independientemente de su soporte documental, siempre que sea producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades de los sujetos obligados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de una ley estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública. Se discute la reserva de información financiera y de activos del Estado, así como la definición de "documento de archivo". La Corte establece que la definición de "documento de archivo" debe ser amplia, incluyendo cualquier registro utilizado en el ejercicio de facultades, sin importar su soporte. Además, se cuestiona la justificación de reservar información financiera y de activos, al no encontrar un supuesto análogo en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.