La carga de la prueba para demostrar la imposibilidad material o jurídica de cumplir con un requerimiento de la autoridad recae en la parte que lo alega, sin que sea válido trasladar dicha carga al órgano jurisdiccional.

La actora demandó la nulidad de una multa impuesta por la PROFECO, argumentando que le fue imposible cumplir con un requerimiento de diagnóstico técnico porque el vehículo se encontraba en posesión del consumidor y este no había abierto un ticket de garantía. El Tribunal determinó que la actora no acreditó haber realizado gestiones para cumplir con el requerimiento ni haber sido impedida por causas ajenas a su voluntad, por lo que la carga de probar dicha imposibilidad recaía en ella y no en la autoridad o el tribunal. En consecuencia, se reconoció la validez de la multa.