La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez de las disposiciones de una ley local que establecen un supuesto de falta grave y una sanción administrativa no contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al contravenir el principio de distribución de competencias establecido en el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra artículos de una ley estatal. Los promoventes argumentaron que la ley local creaba un supuesto de falta grave y una sanción administrativa (suspensión temporal sin goce de sueldo hasta recibir capacitación) que no estaban previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). La Corte determinó que, en virtud del artículo 73, fracción XXIX-V de la Constitución, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de expedir la ley general que establece las bases y competencias en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que las legislaturas locales no pueden ampliar dicho catálogo ni establecer sanciones que se contrapongan a la ley marco.