La caducidad, en materia ambiental, opera a partir del vencimiento del plazo para que la autoridad emita la resolución correspondiente, sin que sea posible computarla a partir de la fecha en que feneció el plazo otorgado a la quejosa, pues las normas que exigen la notificación previa de resoluciones carecen de sanción y la caducidad debe interpretarse de forma restrictiva.

El Tribunal determinó que la pretensión de la quejosa de computar la caducidad a partir del vencimiento del plazo para emitir la resolución era inoperante. Se apoyó en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2011, la cual establece que en materia ambiental, el plazo para la caducidad corre a partir del vencimiento del plazo de la autoridad para resolver, y no antes, aun cuando no se emitieran o notificaran resoluciones previas conforme a derecho. Esto se debe a que dichas normas carecen de sanción y la caducidad debe interpretarse restrictivamente en casos de salvaguarda de derechos ambientales.