La inhabilitación de un servidor público por la comisión de una falta administrativa no puede basarse en la aplicación inexacta de la ley si el órgano sancionador no analiza de manera conjunta las resoluciones contradictorias de los tribunales de alzada que resolvieron sobre el mismo asunto.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 447/2024, determinando que la sanción de inhabilitación impuesta a una Jueza por aplicar inexactamente la ley es inconstitucional. La Corte consideró que la autoridad sancionadora no valoró de forma conjunta dos resoluciones contradictorias de tribunales de alzada que, con las mismas pruebas, llegaron a conclusiones opuestas sobre el sobreseimiento y la condena en un caso penal. Además, la Sala determinó que, si bien la Jueza tuvo la oportunidad de defenderse personalmente, la autoridad debió analizar de manera más profunda si existió una defensa adecuada, especialmente considerando las posibles asimetrías de poder y la perspectiva de género.