La expedición de leyes locales en materia anticorrupción, previo a la entrada en vigor de las leyes generales federales correspondientes, es inconstitucional por extralimitación competencial, al contravenir el régimen transitorio establecido para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Procuradora General de la República promovió acción de inconstitucionalidad contra diversos decretos del Estado de Veracruz que reformaban su Constitución y leyes locales en materia anticorrupción. El argumento central fue que Veracruz legisla en esta materia sin que el Congreso de la Unión hubiera emitido las leyes generales federales que establecen las bases de coordinación y el nuevo esquema de responsabilidades administrativas, contraviniendo así el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. La Suprema Corte resolvió que, efectivamente, la expedición de dichas normas locales era inconstitucional por extralimitación competencial, al no respetar el orden y los plazos establecidos en los artículos transitorios para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.