La concesión de una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial local, sin la transferencia de los recursos necesarios, vulnera los principios de autonomía presupuestal, independencia judicial y división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a una persona, ordenando que el pago se realizara con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin la transferencia de los fondos correspondientes. La Corte determinó que esta acción del Poder Legislativo local vulnera la autonomía presupuestal y la independencia del Poder Judicial, así como el principio de división de poderes, al disponer de recursos ajenos sin la debida asignación. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la porción que impone la carga económica al Poder Judicial, vinculando al Congreso local a modificarlo y asumir el pago con cargo al presupuesto general del Estado.