La acción de inconstitucionalidad es improcedente respecto a la omisión de otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a un organismo garante, pues ello constituye un acto omisivo concreto y determinado, no una norma general o una verdadera omisión legislativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de la omisión de otorgarle un presupuesto adecuado y suficiente. La Corte sostuvo que este tipo de reclamo no puede ser materia de una acción de inconstitucionalidad, ya que no se combate una norma general y abstracta, sino un acto omisivo concreto y determinado, lo cual fue confirmado por un precedente anterior del mismo tribunal. Adicionalmente, se sobreseyó respecto a una parte de la norma impugnada por cesación de efectos y por constituir un nuevo acto legislativo.