La competencia de la autoridad judicial es un presupuesto esencial para la validez de los actos procesales, cuya inobservancia genera una violación al debido proceso, seguridad y certeza jurídicas.
El Tribunal Colegiado concedió el amparo al advertir que la sentencia de segunda instancia fue emitida por una autoridad judicial que carecía de competencia legal para resolver el asunto. Esta falta de competencia, al ser una cuestión de orden público, fue examinada de oficio y considerada violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad y certeza jurídicas, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la competencia es un requisito indispensable para la validez de cualquier acto de autoridad.
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