La facultad de las legislaturas estatales para armonizar su legislación educativa con la federal no les permite contravenir las disposiciones constitucionales y legales que establecen la concurrencia en materia educativa, ni invadir las competencias exclusivas de la Federación en áreas como el servicio profesional docente y la evaluación educativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Chiapas, argumentando que invadían competencias federales. La Corte determinó que, si bien existe concurrencia en materia educativa, las legislaturas estatales no pueden contravenir las normas federales ni las atribuciones exclusivas de órganos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se examinaron específicamente los artículos impugnados en relación con la regulación de alimentos en escuelas, la participación de ayuntamientos, la capacitación docente, la gestión escolar, la evaluación educativa y el servicio profesional docente, concluyendo que algunos preceptos locales excedían las facultades del Estado.