La denuncia de responsabilidad penal contra una autoridad por incumplimiento de una suspensión provisional o definitiva en el juicio de amparo, debe ser formulada por el órgano judicial ante el Ministerio Público de la Federación, y no directamente por el particular afectado.

El Fiscal General de la República, a través de la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos, formuló un pedimento en el que se invocan los artículos 209 y 262 de la Ley de Amparo. Estos artículos establecen las consecuencias penales para las autoridades responsables que incumplen, cumplen de manera defectuosa o admiten fianzas insuficientes en relación con la suspensión de actos reclamados en el juicio de amparo. El pedimento busca la aplicación de dichas sanciones.