La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las Legislaturas Estatales, al modificar las propuestas de los Ayuntamientos sobre tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el cobro del impuesto predial, deben justificar su decisión con argumentos objetivos y razonables, garantizando la integridad de los recursos municipales.

El Municipio de Culiacán impugnó un artículo transitorio que limitaba el incremento del impuesto predial, argumentando que el Congreso local invadió sus facultades hacendarias y estableció exenciones indebidas. La Suprema Corte analizó la potestad tributaria compartida entre Municipios y Legislaturas Estatales, reiterando que las modificaciones a las propuestas municipales deben basarse en criterios objetivos y razonables, y que la falta de justificación adecuada por parte del Congreso puede invalidar dichas modificaciones.