AMPARA. En ese aspecto, se trata de una contribución contraria a los principios tributarios que rigen a los derechos, porque no toma en cuenta únicamente el costo global del servicio que presta el Estado -en este caso el Municipio- sino que adicionalmente un elemento ajeno, como es la capacidad económica, lo que conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes pagarán una mayor o menor cantidad, dependiendo del tipo de inmueble, provocándose que por el mismo servicio se causen derechos en diversa cuantía.