La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe privilegiar el análisis de las violaciones formales al procedimiento legislativo sobre las de fondo, pues de resultar fundadas, podrían invalidar la norma sin necesidad de examinar la constitucionalidad de su contenido.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza una acción de inconstitucionalidad promovida contra reformas a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California. Los promoventes argumentan violaciones al procedimiento legislativo, como la falta de notificación a los Ayuntamientos y la omisión de turnar los dictámenes con antelación. La Corte determina que las violaciones formales al procedimiento legislativo son de análisis preferente y, de ser fundadas, pueden invalidar la norma sin necesidad de estudiar el fondo de los argumentos de inconstitucionalidad.