La aplicación de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un ejercicio de mera legalidad, aun cuando se refiera a la inconstitucionalidad de leyes o a la interpretación directa de preceptos constitucionales.

El presente caso analiza si la resolución de un Tribunal Colegiado, al aplicar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la desindexación del salario mínimo, abordó cuestiones de constitucionalidad. Se concluye que la aplicación de jurisprudencia, incluso sobre temas constitucionales, se considera un ejercicio de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que no se actualiza la procedencia excepcional del amparo directo en revisión.