La reserva de ley del artículo 17 constitucional, que exige la impartición de justicia en los plazos y términos legales, responde a la necesidad de ejercer la acción dentro de lapsos determinados, cuya inobservancia genera la prescripción o caducidad como sanción legítima.

El tribunal determinó que la exigencia constitucional de impartir justicia en los plazos y términos legales, establecida en el artículo 17 de la Constitución, responde a la necesidad de que las acciones se ejerzan dentro de lapsos definidos. La inobservancia de estos plazos puede generar sanciones como la prescripción o la caducidad, las cuales son consideradas presupuestos legítimos.