El principio de legalidad tributaria exige que las multas fiscales se establezcan con parámetros claros y precisos para su cuantificación, a fin de evitar la arbitrariedad en su imposición.

Las quejosas argumentaron que el artículo 10 de la ley impugnada vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica al no establecer los parámetros necesarios para determinar la cuantía de las multas, limitándose a señalar porcentajes de los ingresos sin especificar a qué tipo de ingresos se refiere. El Juez de Distrito declaró fundado este argumento, considerando que la falta de precisión en los criterios para la imposición de sanciones, como la gravedad de la infracción o la capacidad económica del infractor, genera incertidumbre y permite la arbitrariedad.