La exigencia de no haber sido condenado por delitos dolosos que ameriten pena privativa de libertad por más de un año, o inhabilitado para el servicio público, para acceder al cargo de Director General del SATMICH, es constitucionalmente válida al buscar salvaguardar la función pública y evitar la corrupción en materia fiscal y financiera.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de un requisito para ocupar el cargo de Director General del SATMICH, consistente en no haber sido condenado por delitos dolosos o inhabilitado para el servicio público. La Corte determinó que dicho requisito es válido, pues busca asegurar la idoneidad de los perfiles profesionales en puestos de alta responsabilidad fiscal y financiera, previniendo la corrupción y garantizando la correcta recaudación y administración de los recursos públicos. Se consideró que esta restricción no viola los derechos de igualdad o acceso al servicio público, sino que protege el interés social en contar con funcionarios honestos y capaces.