La falta de precisión en la formulación de las normas disciplinarias y la ausencia de un requerimiento previo para aclarar omisiones en las declaraciones patrimoniales impiden acreditar la conducta dolosa y, por ende, la comisión de la infracción.

El asunto versa sobre la sanción impuesta a un servidor público por presuntamente faltar a la verdad en su declaración patrimonial al omitir un saldo a favor de ISR. Se argumenta que la nota informativa inicial contenía imputaciones falsas y que la omisión del saldo fue involuntaria. La Corte enfatiza la necesidad de que el órgano sancionador acredite el dolo y la importancia de requerir aclaraciones previas al servidor público para determinar si existió una falta a la verdad, además de invocar el principio de legalidad en materia disciplinaria, exigiendo que las normas sean accesibles y precisas.