La multa impuesta a una persona jurídica por incumplimiento de un mandato judicial, sin individualizarla a la persona física que ostenta el cargo y que cometió la infracción, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Veracruz concedió el amparo a una empresa productiva del Estado contra una multa impuesta por un juez de primera instancia. La multa se dictó por el incumplimiento de un requerimiento judicial para reactivar un servicio médico, pero la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre la imposibilidad jurídica comunicada por la entidad requerida y dirigió la multa a la persona jurídica en lugar de a la persona física responsable. El tribunal determinó que la falta de fundamentación y motivación, así como la incorrecta individualización del deudor, violan los derechos de legalidad y seguridad jurídica del quejoso.