La garantía de exacta aplicación de la ley penal exige que los tipos penales describan de manera clara y precisa las conductas prohibidas, sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, a fin de que el gobernado conozca cuándo su actuar es ilícito y puede ser sancionado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la garantía de legalidad en materia penal se vulnera si la tipificación de los delitos es confusa o incompleta, obligando a los ciudadanos a realizar interpretaciones complejas para entender qué conductas están prohibidas. La autoridad legislativa tiene el deber de describir detalladamente las conductas merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, para evitar ambigüedades y garantizar el derecho de defensa del procesado. Por lo tanto, una ley que carezca de esta certeza es violatoria del principio de taxatividad.