La declaratoria de procedencia emitida por un congreso local debe precisar la Constitución, ya sea federal o local, que se estima violada por el servidor público contra quien se dirige, a fin de garantizar el derecho de defensa del gobernado.

Se analiza la validez de una declaratoria de procedencia emitida por el Congreso del Estado de Nuevo León en contra de un servidor público. La controversia surge porque el escrito del Fiscal Anticorrupción, que fundamenta la declaratoria, no especifica si las violaciones a la Constitución son a la ley federal o a la local. La Suprema Corte considera que esta omisión es relevante para garantizar el derecho de defensa del servidor público, ya que debe conocer con claridad los preceptos que se le imputan violar.