La suspensión de los plazos de prescripción y caducidad en favor de niñas, niños y adolescentes, en casos de delitos graves o que impidan el ejercicio de sus derechos, es una medida de protección constitucionalmente válida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de un precepto que suspende los plazos de prescripción y caducidad en favor de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de delitos graves o se encuentran en situaciones que les impiden ejercer adecuadamente sus derechos. El tribunal determinó que esta medida es constitucional, ya que no niega el acceso a la justicia, sino que establece un plazo amplio y seguro para la protección de los menores, garantizando que sus procedimientos no sean indeterminados y que sus derechos sean salvaguardados ante circunstancias adversas.