La seguridad ciudadana es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, la cual ejerce en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, y no una atribución de las alcaldías.

El constituyente local, al establecer que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, alteró el régimen competencial federal en esta materia. El texto vigente del precepto en comento dispone que es el Gobierno de la Ciudad de México quien tiene la responsabilidad de la función de seguridad pública, mientras que las alcaldías tienen una atribución de mera colaboración.